El transporte, el sector de la energía y su relación con el cambio climático, las telecomunicaciones y la sociedad de la información y el sector servicios completan los sectores para los que ya el gobierno ha aprobado y redactado un total de 24 medidas que buscan reactivar cada una de estas áreas económicas, ayudándolos a superar los problemas coyunturales.

Las pymes y la vivienda

Las pymes son el sustento de la economía española, el tejido empresarial esta formado en más del 90 por ciento por esta tipología empresarial. El gobierno ha reconocido esta importancia y su dificultad  de acceso a las fuentes de financiación: “Son medidas dirigidas a flexibilizar los canales de acceso a la financiación e inyectar liquidez a las pequeñas y medianas empresas, cuyo acceso a las fuentes de financiación es más limitado”.

Dos medidas componen este apartado dedicado a las pymes:

1- El Ministerio de Economía y hacienda presenta una propuesta para otorgar avales, con la garantía del Estado, destinados a facilitar la financiación de pequeñas y medianas empresas, por un importe máximo de 3.000 millones de euros en 2009 y semejante montante en 2010.

2 – El Instituto de Crédito Oficial (Ico) pondrá en marcha una línea de mediación para la financiación de medianas empresas puesta en marcha en 2008, por un importe máximo de 2.000 millones de euros en 2009 y otro tanto en el siguiente año.

En el caso de la vivienda, el ministerio ha asegurado que el objetivo es flexibilizar el marco regulador del sector inmobiliario de forma que pueda adaptarse a un nuevo escenario de moderación en la construcción de nuevas viviendas y encuentre nuevas vías de actuación. Por su parte, además se han incluido medidas para favorecer la financiación de la adquisición de vivienda protegida.

Varias de las medidas del sector viviendas están previstas que se pongan en marcha antes del mes de diciembre. Es el caso del nuevo marco normativo que impulse la renovación y rehabilitación de edificios; el Plan Renove para el sector hotelero impulsado por el Ministerio de Vivienda en conjunto con el de Turismo y Comercio. Por su parte en coordinación, con la cartera de Justicia y la de Sanidad y Consumo se contempla la posibilidad de poner en marcha un sistema arbitral de resolución rápida, sencilla y económica de conflictos arrendaticios.

Energías, telecomunicaciones y sociedad de la información

La liberalización del sector de la energía es otro de los proyectos del gobierno para mejorar la economía del país. Además, en este apartado se apuesta por incentivar la eficiencia energética y por premiar la reducción de emisión de gases con efecto invernadero. Antes de fin de 2008, está previsto que se presente un anteproyecto de Ley de Eficiencia Energética y Energías Renovables que trasponga al ordenamiento jurídico español los objetivos comunitarios en materia de energía y cambio climático.

“Las telecomunicaciones personifican el sector en el que residen las mayores ganancias de productividad de la economía, además de ser el mayor impulsor de la inversión en I+D+i en nuestros país”, asegura el Ministerio de Economía y Hacienda por eso en este paquete de medidas también se incluyen algunas propuestas encaminadas a dinamizar el sector y a fomentar la confianza del consumidor en el mismo.

En este sentido, se espera que para el próximo año se apruebe una Carta de Derechos del Usuario de Servicios de las Telecomunicaciones, se presente un anteproyecto de Ley general audiovisual y la Ley de Creación del Consejo Estatal de los Medios Audiovisuales.

En el capítulo de innovaciones, el Ministerio de Ciencia iniciará la implantación de la RedRIS Nova, red de comunicaciones avanzada para la comunidad académica y de investigación española, que pasará de un modelo de alquiler de capacidad a una red de comunicaciones basada en tecnología de fibra oscura.

Por último, el ejecutivo ha completado sus propuestas de programa de reformas económicas con algunas referidas al sector servicios: “Se incluyen actuaciones para mejorar la competencia de este sector, para reducir los costes de algunas transacciones y para reforzar la independencia y capacidad de supervisión de los organismos reguladores.