Están celebrando desde el pasado mes de enero, el I Ciclo de Conferencias sobre Acción Social de la Empresa, ¿Por qué han decidido apostar por esta temática?

Es un nuevo campo de trabajo para Aequitas. Todos debemos implicarnos en el apoyo a los colectivos más débiles; las empresas también deben proporcionar oportunidades adecuadas a los colectivos más desfavorecidos y pueden hacerlo de diferentes maneras: proporcionando trabajo a personas con capacidades diferentes; adquiriendo productos en mercados justos; permitiendo a sus trabajadores conciliar su vida familiar y laboral;... Además del cumplimiento de sus obligaciones sociales, las empresas deben conocer que pueden obtener beneficios con la acción social; por ejemplo:  mejorando su imagen empresarial o incrementando el rendimiento del trabajo de sus empleados.

Desde Aequitas queremos acercarnos al círculo empresarial para alcanzar nuestro objetivo de unir las necesidades del tercer sector con las posibilidades que abre el mundo empresarial y su implicación en la responsabilidad social corporativa. Creemos que sería necesaria una mayor implicación del Estado,  mediante leyes que reconozcan beneficios fiscales y laborales, a las empresas que cumplan los objetivos prioritarios desde el punto de vista social. una nueva ética de responsabilidad social. Y por otro lado, quiere impulsar nuevas leyes que premien a las empresas que asuman estas obligaciones.

¿Qué otras demandas o temas tienen en su agenda para este 2006?

Tenemos previstas una serie de jornadas por toda España, sobre diferentes aspectos:

Próximamente participamos en un seminario junto con la UNED, para el estudio de las Instituciones Penitenciarias. Dentro de este tema nos preocupan las personas que cumplen penas de privación de libertad sufriendo discapacidad. Esta materia puede que sea también objeto de un curso de verano organizado junto con el Consejo General del Poder Judicial y el Foro Justicia y Discapacidad.

En marzo, abril y otoño, hemos puesto en marcha con el Ayuntamiento de Madrid una serie de jornadas dirigidas a los responsables de las instituciones de mayores y sus trabajadores sociales.  El objetivo de estos encuentros es explicar cómo  actuar ante personas con dependencia, con discapacidad o en situación de desamparo. Por ejemplo, dando a conocer las figuras de autotutela, poderes preventivos, instrucciones médicas anticipadas, a protocolos de actuación con los juzgados de incapacitaciones....
 
También queremos implicarnos en el estudio de las necesidades de las fundaciones tutelares. El ejercicio de la tutela es cada vez es más difícil que lo pueda asumir un familiar pariente, y hemos de buscar tutelas institucionales a través de fundaciones tutelares con profesionales que se encarguen de las mismas. Este tema centrará una jornada en Cáceres en colaboración con FUTUEX, el Centro de Estudios Jurídicos del Ministerio de Justicia y del Consejo General del Poder Judicial.

En la segunda semana de junio tenemos comprometido un curso con la Comunidad de Castilla-León, primera autonomía que ha puesto en marcha una exención de hasta 60.000 euros en las aportaciones a patrimonios protegidos.

Por último, en mayo queremos acercarnos al Congreso Internacional del Notariado en Estrasburgo, que se centrará las necesidades de la dependencia.

La Fundación Aequitas declara como fin primordial la mejora del marco normativo que regula la situación jurídica de los menores, discapacitados y personas de tercera edad, impulsando las reformas legislativas que sean necesarias ¿qué les parece el anteproyecto de Ley de dependencia?

La ley de autonomía personal es un gran avance en la atención social en España.  Su entrada en vigor supondrá que la asistencia a mayores y personas discapacitadas pase de ser exclusivamente familiar a tener un carácter público.

Sin embargo, la Ley aún puede ser objeto de mejoras. Una de las actuales preocupaciones de la Fundación Aequitas es coordinar diferentes estudios de profesionales de distintos ámbitos para elaborar un completo informe de cara a que el ámbito de protección de esta ley sea lo más justo y equitativo posible, dentro de las posibilidades económicas.

En 2003 se creó la figura del patrimonio protegido para dar respuesta a una de las peticiones históricas de los familiares de personas con discapacidad, sin embargo, desde entonces apenas se han constituido 40 patrimonios ¿el concepto ya necesita una revisión?

La experiencia de estos dos años de vigencia de la ley ha puesto de manifiesto que  no ha tenido el resultado esperado. Creemos que no es por falta de información sino porque fiscalmente reporta pocos beneficios. En la Comunidad de Madrid donde existe una exención del 99% de la aportación o en Castilla-León, que cuenta con una bonificación de hasta 60.000 euros, quizá se empiecen a constituir un número mayor de patrimonios protegidos. Pero además se han puesto de manifiesto otros inconvenientes, como: la necesidad de inmovilizar el patrimonio durante los cuatro años siguientes a la aportación; que el sujeto titular de los beneficios sólo puedan ser los padres o tutores, etcétera..

Al margen, de estos “defectos”, ¿no es factible pensar que falta información práctica y asequible a las personas que realmente necesitan constituir estos patrimonios?

Pues puede que también ello influya, pero la mejor difusión de esta figura deben ser las ventajas para su beneficiario.  La Fundación Aequitas puede ayudar a difundir el patrimonio protegido; y así ha hecho desde la aprobación de la ley (con libros, folletos, desde nuestra página web, con un 'consultorio online'...), incluso cuando sólo era un proyecto de ley.

Con respecto al resto de los europeos la situación jurídica de los menores, discapacitados y personas de tercera edad españoles, ¿es mejor, peor o semejante?

Me parece que la normativa de menores es pareja a las de nuestro entorno europeo. Respecto de las personas con discapacidad y nuestra tercera edad dependiente, la Ley de Dependencia supone una gran mejora aunque aún estemos lejos de los países del norte de Europa, que cuentan con un sistema universal  de financiación por la administración pública. Este sistema realmente es muy caro y quizá España no esté todavía en condiciones económicas para ello. Pero estamos mejor que el tercer grupo de estados -los de la costa mediterránea- que basan su ayuda exclusivamente en el entorno familiar. Estamos en una situación intermedia; ojala en un futuro podamos establecer las bases para un sistema similar al de Noruega.

Más Información:

http://www.aequitas.org